Empresarios urgen solución negociada para superar la crisis.

El sector privado llamó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a retomar el diálogo y aceptar una solución negociada a la crisis que comenzó en abril, que pasaría por reformar el Consejo Supremo Electoral (CSE), adelantar los comicios y suspender los actos de represión.

En un comunicado firmado por los consejeros y presidentes del Cosep, AmCham y Funides, se deja claro que de continuar la crisis, la economía continuará deteriorándose en Nicaragua, afectando a los sectores más vulnerables, incluidas las miles de familias que están en el desempleo o que han abandonado el país, sobreviviendo en condiciones precarias.

“En el sector privado reiteramos que la solución debe incluir retomar las reformas electorales acordadas con la Organización de Estados Americanos, y con el asesoramiento y apoyo de esa organización implementar las mismas, incluyendo cambios en la composición del Consejo Supremo Electoral, y los pasos necesarios para asegurar la realización de elecciones libres, justas, adelantadas y con observación nacional e internacional independiente”, plantea el sector privado a Ortega, en una carta pública.

Esta es la segunda carta emitida por la máxima representación del empresariado en Nicaragua, tras la del 29 de mayo. Sobre el tema, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) recuerdan que desde el 29 de mayo a la fecha la crisis en Nicaragua ha empeorado, aumentando la cifra de muertes violentas, detenciones y juicios a protestantes.

Añaden que la economía sufre cada vez más, aumentando el riesgo cambiario y provocando incertidumbre y pérdida de confianza. Hay “una dramática reducción de la actividad económica, una contracción sin precedentes del sistema financiero, con una marcada reducción en los depósitos y el crédito y un aumento relevante del riesgo cambiario, lo que está incidiendo en una importante disminución de la inversión nacional y extranjera, con el consecuente deterioro de las calificaciones de riesgo del país y por tanto de la imagen del país”, indicó el sector privado.

Los empresarios también destacan que la crisis “ha sido acompañada de una reducción del apoyo, y de imposición de sanciones, por parte de la comunidad internacional”. Este martes, el Congreso de Estados Unidos aprobó la llamada Nica Act, que impone una serie de sanciones económicas al gobierno de Nicaragua. Esa ley queda ahora en manos del mandatario Donald Trump, quien tiene 10 días para sancionarla.

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