CIDH releva en su informe graves violaciones a los derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Gobierno de Nicaragua crear un “mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos”, que ofrezca garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar “debidamente” a los responsables de las muertes en las protestas iniciadas el 18 de abril.

El organismo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que la policía usó armas de fuego de manera indiscriminada durante las protestas. En su informe preliminar sobre su visita a Nicaragua, también sugiere que se desmantelen los grupos “parapoliciales” y se adopten medidas para impedir que “sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil”.

Esas recomendaciones son parte de 15 puntos que la CIDH propone implementar al Estado de Nicaragua, tras observar en el terreno la situación de los derechos humanos a raíz de las protestas que ya llevan más de un mes y que, según este organismo, dejaron 76 muertes, 438 detenidos y 868 heridos, cinco de estos aún en centros hospitalarios en estado de gravedad.

El comisionado Joel Hernández, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, aseveró que las muertes registradas en el informe preliminar fueron confirmadas por las autoridades nicaragüenses y que, del total de detenidos, tres aún permanecen en las celdas.

El informe fue dado a conocer por la delegación de la CIDH encabezada por la comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua; Paulo Abrão, secretario ejecutivo del organismo; y Edison Lanza, relator especial de Libertad de Expresión.

La CIDH condenó las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de estudiantes, manifestantes, periodistas y otros ciudadanos que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas y que continúan. La comisión urgió al Estado de Nicaragua cesar de inmediato la represión a los manifestantes, por lo que considera urgente adoptar “las medidas necesarias para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política”.

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